Auditoria Forense Aplicada a la Política.
Por: MG CP Álvaro Fonseca Vivas
Resumen
Este trabajo de investigación que fue realizada con los estudiantes de la FUP Jeimmy Oviedo, Alexander García y Eduardo Orozco, permite determinar que lastimosamente en un país al que llaman “tercermundista” o “en vía de desarrollo”, muestra que aparte de esa gente maravillosa que la compone, existe una parte que está en la política, y que comete actos de fraudes que al ir destapándose cada día de los diferentes Gobiernos a través de la Historia del mismo, muestra que la corrupción ronda y se encuentra en cada uno de los rincones del poder no solo aquí sino a nivel mundial, especialmente en la Política y en los políticos, pero aquí en nuestro País Colombia somos capaces de realizar investigaciones de índole Forense y para ello nos valemos de la Auditoria Forense Aplicada a la Política, cuya finalidad es la de descubrir mediante las investigaciones forenses, que actuando como Peritos Auxiliares de la Justicia y mostrando a los victimarios que han cometido los crímenes de Cuello Blanco, dándole elementos suficientes y pertinentes de evidencias que se convertirán en Pruebas contundentes para los Jueces quienes son los que Administran Justicia. Se da una pequeña introducción a este tema mediante los antecedentes y se indaga un poco por la normatividad tanto nacional como internacional que regula los actos en la política.
Este análisis se realizó mediante investigaciones específicas y encontramos algunos resultados de los elementos que componen la política desde sus inicios, y como se puede aplicar, teniendo en cuenta que los actos de fraudes llevan a la corrupción y que ello determina perdida en muchos aspectos que debe cumplir la política, estos no son valorados ni cuantitativamente como cualitativamente en lo social, cultural, tecnológico, medioambiental, administrativo, financiero entre otros aspectos que afectan al país y que por medio de este tipo de investigaciones se podrían identificar por los peritos expertos en la política.
Palabras Claves: Política, auditoria forense, investigación forense a la política, corrupción, fraude político, delitos políticos.
ABSTRACT
This research was conducted with students of the FUP Jeimmy Oviedo, Alexander Garcia and Eduardo Orozco, to determine which unfortunately in a country they call "Third World" or "developing ", shows that apart from these wonderful people this region, there is a party on the policy, and who commit acts of fraud that going off the quiltevery day of the various governments through History also shows that corruption is roundand in each of the over the power not only here but worldwide, especially in politics and politicians, but here in our country Colombia we are able to conduct investigations of Forensic nature and therefore we make use of the Applied Forensic Audit Policy, aimed at is to discover through forensic investigations, which acts as Specialists andAssistants of Justice showing the perpetrators who have committed white collar crimes, providing sufficient and relevant evidence will become compelling evidence to the Judges who are administering justice. It gives a brief introduction to this subject through history and explores some of the national and international regulations governing theacts in politics.
This analysis was performed using specific research and found some results of the elements of the policy since its inception, and as can be applied, taking into accountants of fraud that lead to corruption and that this loss in many respects determines to be enforce the policy, they are not valued or quantitatively and qualitatively in the social,cultural, technological, environmental, administrative, financial and other issues affecting the country and through this type of research could be identified by the expert witnessesin policy.
Keywords: Politics, forensic accounting, forensic investigation to politics, corruption, political fraud, political crimes.
INTRODUCCIÓN
En Colombia un ya se está evidenciando que nadie intocable, en especial a los servidores públicos que nuestras instituciones funcionan como pocos lugares en el mundo gracias a las personas que las representan. No es ya soñador sostener que existe un altísimo nivel de corrupción, mucho mayor que en los países Americanos por lo menos en lo que se hace referencia al sur del continente, incrustada en el aparato político de la gran mayoría de los países aparentemente poseedores de los estandartes de la transparencia y de la moralidad, que afortunadamente existen detectados e investigados a medias casos concretos y reales aquí en América Latina, que son ejemplo para el resto del mundo sobre cómo enfrentar institucionalmente este problema global, especialmente arraigado en muchos de los países que se jactan de su aparentemente mejor estado socio-económico sobre el que construyen una falsa grandeza, que les hace creer que pueden mirar hacia acá con cierta miasma de superioridad moral y ética, entre otros malos antecedentes, sabiendo que las multinacionales han esparcido la corrupción a lo largo del mundo globalizado, para poder atraer comercio.
Muy a pesar de las evidencias y pruebas contundentes en todos los campos y aspectos, muchos de los grandes Estados Europeos y de América del Norte quienes viven con una falsa noción de que están en un mejor nivel que el nuestro, sino veamos casos como el del Ministro en Alemania, del Primer Ministro en Italia y casos de corrupción de senadores de Estados Unidos, entre otros y a “diferencia suya en los países latinoamericanos no existe la necesidad colectiva de tener que pensar que somos mejores que el resto del mundo sino que, muy al contrario, en nuestros pueblos tendemos a admirar todo lo diferente, como debería comportarse una cultura sana y abierta al mundo. Llevamos décadas haciéndole juego a desacertadas nociones, permitiendo que los falsos legados psicológicos se repliquen de una generación a la siguiente.
Un caso muy significativo y esperanzador de cómo los ciudadanos del resto del mundo hacen frente a las falsas nociones y a los sistemas político-económicos que las sustentan, se lo están regalando al mundo los jóvenes españoles, quienes se están levantados contra el corrupto sistema político y económico que los gobierna; a través del fenómeno español del 15M, los españoles están transmitiendo un claro mensaje de inconformidad y desesperación frente a la altísima corrupción de un aparato político que identifican muy acertadamente como obsoleto.
Están empezado a pelear por un sistema democrático de tipo participativo (que les permita realmente hacer parte de la vida pública que los afecta), algo que aquí se consiguió, literalmente a sangre y fuego hace más de 20 años, gracias al movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, a los grupos guerrilleros que tuvieron la responsabilidad de alejarse del camino de las armas y a la sociedad que los acogió, plasmando sus intenciones constructivas en la constitución que nos gobierna desde el 91. Los españoles están dando señales claras de una lucha que debe ser ejemplo para el resto del mundo, donde todavía gran parte de los ciudadanos viven con la falsa noción de que se encuentran en un ejemplar estado de desarrollo socio-económico, ilusión que empieza a desaparecer cuando reciben señales de que algo anda muy mal: no encuentran trabajo, les empiezan a quitar sus casas y no tienen dinero con qué pagar los numerosos créditos que sus abusadores sistemas financieros están tan dispuestos a entregarles”.[1]
Es por ello que se hace importante e imperativo el trabajo de investigaciones especializadas como lo es la Auditoria Forense aplicada a la Política, que realizada por peritos especializados en el tema y en este caso en la política, descubren a los defraudadores y que estos sean castigados con todo el rigor de la Ley.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar este trabajo de investigación, se dé a conocer cómo se puede aplicar en la Política la Auditoria Forense, dando un contexto general de cómo se puede abordar y llevar a cabo, no solo por el Contador Público sino que apoyado por expertos, se pueda emitir un informe y un dictamen pericial, que ayude con las evidencias y pruebas a la administración de justicia, actuando como un perito auxiliar de la justicia para este tipo de casos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
.- Hacer un recuento de los antecedentes de cómo nació la política y porque es importante.
.- Mostrar los fraudes que se cometen a la política y mencionar la normatividad tanto nacional como internacional.
.- Observar mediante diferentes casos nacional e internacionales se le podría aplicar la auditoria forense.
ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA
La política en el mundo tiene su origen en el mismo hombre y en su proceso de socialización. El hombre es un ser social; por sus características y necesidades, es indispensable para él vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran el refugio del hombre, éste vivía en compañía de otros.[2]
La primera sociedad que existió fue la familia, que no necesariamente tenía una conformación típica de un padre, una madre y unos hijos; sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras; es decir, la necesidad de un gobierno.
Con el paso del tiempo, las familias se agruparon para ayudarse mutuamente en la recolección de alimentos y en la defensa de otras familias; a esto se le llamó tribu, en la cual era necesario escoger a alguien que se hiciese cargo del gobierno (esta persona habitualmente era escogida entre los más sabios, los más viejos o los más fuertes). Estas tribus, con el paso del tiempo, fueron creciendo en población, de modo que algunas se unieron con otras para gobernar tribus más pequeñas y débiles; de este modo, el gobernar a toda la sociedad se hizo cada vez más difícil, ya que, a la muerte del gobernante, se desencadenaban guerras para definir al sucesor. Debido a lo anterior es que comienzan a aparecer las dinastías y los linajes, con los cuales el jefe del clan, antes de morir, podía designar a quien había de reemplazarlo en el mando (en la mayoría de las ocasiones el elegido era el primogénito del gobernante).[3]
CARACTERÍSTICAS DE LA POLITICA
Dentro de las características que hace al origen de la política es que hace unos 9.000 años se crearon las primeras ciudades, por lo cual las dinastías se convirtieron en monarquías en las que el poder lo ejercía un rey o monarca y el pueblo era considerado súbdito y con obligación de pagar tributos al rey. Estas sociedades eran llamadas Estados, los cuales, al expandir su poderío a otras regiones, se convirtieron en imperios.
En Grecia, la política tuvo una gran transformación, pues fue allí donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o jefe sino por un consejo que era elegido entre los ciudadanos. Siglos después, los romanos invadieron Grecia, y a pesar de que trataron de establecer la democracia como forma de gobierno, ésta terminó degenerando en dictaduras.
Después de la caída de los imperios romanos y griego, la democracia fue olvidada, y las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase: la nobleza. Estas personas eran dueñas de grandes territorios en los cuales el resto de la población era sierva y se encargaba exclusivamente de trabajar la tierra. Este periodo duro casi 1.000 años, años durante los cuales la política estuvo casi muerta, hasta que en los siglos XV, XVI y XVII nace una nueva clase: la burguesía, la cual no estaba de acuerdo con el poderío de la nobleza y reclamaba un derecho de oportunidades para todos los hombres. Esta inconformidad dio lugar a la Revolución Francesa, la cual impuso de nuevo la democracia en el mundo Occidental.
Por lo anterior podemos dar un vistazo a lo se le ha definido a la política, que tiene trascendencia a nivel global y cada día se refuerza más la idea de irla fortaleciendo, desde todos aspectos, en especial en los países de la América Latina.
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA
La política, del griego πολιτικος (pronunciación figurada: politikós, «ciudadano», «civil», «relativo al ordenamiento de la ciudad»), es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. La ciencia política es una ciencia social que estudia dicha conducta de una forma académica utilizando técnicas de análisis político; los profesionales en esta ciencia adquieren el título de politólogos, mientras quienes desempeñan actividades profesionales a cargo del Estado o se presentan a elecciones se denominan políticos.[4]
Como es definida la Política: (Ciencias Políticas) Involucra el Poder de trasladar, la ciencia de organizar y el arte de prever. De estos elementos esenciales surgen en forma natural y correlativa, como veremos más adelante, las funciones de conducción, síntesis y
previsión de ese órgano político por excelencia que es el Estado.[5]
DEFINICIÓN DE AUDITORIA FORENSE A LA POLÍTICA
Con base a lo presentado anteriormente se le puede dar la definición a la Auditoria Forense Aplicada a la Política, como una herramienta de investigación forense, donde se sigue un proceso especializado, que descubre y divulga con evidencias y pruebas los indicios de los fraudes cometidos por funcionarios en la política, en especial en el sector Gubernamental, sirviendo de perito auxiliar de la justicia en la administración de la misma.
NORMATIVIDAD
Mucho se ha escrito sobre el tema de la Política y mucho se ha querido corregir y mejorar día a día pero aquí se esbozara parte que existen normas, políticas y procedimientos que hacen que la política sea un beneficio para todos y que los políticos deben cumplir a cabalidad para que exista una mejor existencia entre los que son elegidos por las comunidades y ellos que se convierten en administradores, tenemos entonces la normatividad Nacional.
En primera instancia la Concepto de Constitución.
Constitución.- ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su gobernación. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo de esta manera las bases para su gobierno. También garantiza al pueblo determinados derechos. La mayoría de los pises cuentan con una constitución escrita.
REGULACIÓN JURÍDICA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Ley 80 de 1993
Con esta ley se tiene por objeto disponer las reglas y los principios que rigen los contratos de las entidades estatales. El estatuto general de la contratación pública en Colombia.
Decreto 855 de 1994
Donde se reglamenta parcialmente la Ley 80 de q993 en materia de contratación directa.
Decreto 2170 de 2002
Se reglamenta la Ley 80 de 1993 y se modifica el decreto 855 de 1994, como se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.
Decreto 4375 de 2006
Con este decreto se reglamentan la Ley 80 de 1993, se modifica parcialmente el Decreto 2170 del 2002 y se adiciona el Decreto 2434 de 2006.
Ley 1150 de 2007
Se introducen con esta ley medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos.
Decreto 2474 de 2008
Con este decreto se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007, sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetivo y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4444 de 2008
Por medio del cual se reglamente parcialmente el literal e) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.
Decreto 4533 de 2008
Por medio de este Decreto se reglamentan las iniciativas privadas que trata el parágrafo 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Las anteriores disposiciones a que hacen referencia tan solo a la contratación del Estado y muchas otras para cada uno de los cargos, funciones, Administraciòn y control del mismo estado, por parte de los funcionarios de las diferentes ramas del Poder Público en Colombia.
FRAUDES QUE SE COMETEN EN LA POLÍTICA.
Existen y se han determinado múltiples y variadas definiciones de lo que es corrupción, y esta es definida de acuerdo a cada lugar y tiempo determinado, puesto que lo que es corrupción para una comunidad de personas, lugar y tiempo determinado, es diferente a la que se le pueden dar en otras condiciones, es así que, la corrupción como tema principal, se encuentra en contraposición con lo que es la transparencia, puesto que existe un quebrantamiento en la legitimidad de todas las instituciones públicas, de igual manera, se atenta contra la sociedad, el orden y la justicia, todo ello en perjuicio al progreso y desarrollo de una sociedad.
Como objetivo principal de este trabajo de investigación, es la recopilación de los diferentes conceptos del tema de la Auditoria Forense Aplicada a la Política, que a partir de ellos, poder llegar a un punto de vista final, que deje claro ¿Cuál es el Papel de cada individuo dentro de esta definición?, para lo cual, es necesario conocer y entender ¿Cuál es la semilla de la Corrupción, donde se inicia, donde se desarrolla y en donde puede terminar?
Comencemos con una que se trajina todos los días y en todos los lados y es de la corrupción se puede presentar en cualquier parte, desde el simple trámite de una credencial de estudiante, hasta entregas millonarias por ganar algún asunto en los órganos jurisdiccionales, y porque no decirlo, en política, se presentan los mayores casos de corrupción, tráfico de influencias en gobierno, compadrazgos, nepotismo, en fin una serie de actividades que tienen consecuencias graves que afectan el desarrollo de cada lugar, los siguientes son actos de corrupción y los tipos son:
Extorsión.- Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa.
Soborno.- Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos.
Peculado.- Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra.
Colusiones.- Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente.
Fraude.- Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración.
Tráfico de influencias.- Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.
La falta de ética.- Es un tipo especial de corrupción que si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. Esta falta de ética se pude observar cuando determinado servidor público no cumple con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos.
Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos o bienes del gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado informal "ambulantaje", la falsificación de pagos oficiales, trabajadores fantasma "aviadores", venta de plazas, entre otras manifestaciones.
NORMAS INTERNACIONALES EN LO POLÍTICO
Elecciones sin democracia.
El surgimiento del autoritarismo competitivo. El mundo de la post Guerra Fría ha estado marcado por la proliferación de regímenes políticos híbridos. Las organizaciones políticas en la mayor parte de África (Ghana, Kenya, Mozambique, Zambia, Zimbabwe), Eurasia post comunista (Albania, Croacia, Rusia, Serbia, Ucrania), Asia (Malasia, Taiwán) y América Latina (Haití, México, Paraguay, Perú) combinaron los gobiernos democráticos y autoritarios durante la década del noventa en diferentes maneras y grados. Los académicos trataron estos regímenes como formas incompletas o en transición democrática. En muchos casos estos calificativos resultaron demasiado optimistas. Particularmente en África y en la antigua Unión Soviética, muchos regímenes siguen siendo híbridos o han tomado una dirección autoritaria. Ya es hora entonces de dejar de pensar en estos casos en términos de transición democrática y empezar a concebirlos como los tipos específicos de regímenes que realmente son.
Recientemente, muchos académicos han señalado la importancia de los regímenes híbridos. Es más, los escritos académicos más recientes han producido una variedad de términos para casos mixtos, en los que se incluye no solamente "régimen híbrido", sino también "semi-democracia", "democracia virtual", "democracia electoral", "pseudo-democracia", "democracia iliberal", "semiautoritarismo", "autoritarismo blando", "autoritarismo electoral" y "parcialmente libre" de Freedom House.[6]
1 Gran parte de esta literatura sufre de dos debilidades importantes.
Primero, muchos estudios se caracterizan por nociones preconcebidas de democratización. Los análisis frecuentemente tratan los regímenes mixtos como formas parciales o "moderadas" de democracia.
2 o transiciones prolongadas en proceso a la democracia. Estas caracterizaciones implican que estos casos van en dirección a la democracia. Pero, como lo han señalado recientemente Jeffrey Herbst y Thomas Carothers, esto no siempre sucede.
3 Aunque algunos regímenes híbridos (México, Senegal, Taiwán) sufrieron transiciones democráticas en los noventa, otros (Azerbaiján, Bielorrusia) se movieron en una dirección autoritaria muy diferente, y otros más permanecieron estables o tomaron múltiples direcciones (Malasia, Rusia, Ucrania, Zambia, Zimbabwe), lo que hace confusas las implicaciones unidireccionales del término "transición".
Segundo, los términos "semi-democrático", "semi-autoritario" y "parcialmente libre" son utilizados como categorías residuales y tienden a resaltar importantes diferencias entre los tipos de regímenes. Por ejemplo, El Salvador, Latvia y Ucrania fueron regímenes híbridos a principios de los noventa y cada uno recibió la calificación combinada de seis en libertades civiles y derechos políticos - o "parcialmente libre"- de Freedom House en 1992-1993.[7]
Sin embargo, estos regímenes difieren en formas fundamentales. Mientras que en Latvia la principal característica antidemocrática fue la ausencia de derechos ciudadanos para los descendientes rusos, en El Salvador las principales características antidemocráticas incluían la violación a los derechos humanos fundamentales y la ausencia de control civil sobre los militares. Ucrania poseía derechos ciudadanos universales y control civil sobre los militares pero las libertades civiles eran violadas con frecuencia y los funcionarios comúnmente abusaban o manipulaban los procedimientos democráticos.
Aunque cada uno de estos casos puede ser catalogado como "híbrido", "semidemocrático" o "parcialmente libre", estos términos ocultan diferencias cruciales que pueden tener implicaciones causales importantes. Las diversas mezclas de características democráticas y autoritarias tienen distintas raíces históricas y pueden tener diferentes implicaciones para el desempeño económico, los derechos humanos y las perspectivas para la democracia.
Pero estos son actos que muestran la importancia de descubrir quienes no cumplen o donde se perdió ese control del manejo político y que no se cumplieron con los preceptos establecidos por la constitución, y quienes abusaron de ese poder dado a los administradores de la política de cada uno de los países.
NORMAS NACIONALES
Los propósitos iniciales se lograron a medias, porque tanto la violencia política, esporádica y escasa en la sociedad colonial, se convirtió en recurrente: cada cinco o diez años una guerra civil sacudía al país, que después de unos meses de lucha volvía a una calma casi total. Los sistemas políticos requerían una población alfabeta, o a la menos organizada, que no existía: una minoría conservó un control exclusivo del poder público, mientras la población obedecía la ley por temor, por dependencia económica o por reverencia religiosa. Aunque la economía retomó el crecimiento, sobre todo por el libre comercio adoptado a mediados del siglo XIX y por el establecimiento de sistemas tributarios más equitativos, las mayores oportunidades de avance personal estaban, para muchos, en el Estado. Los partidos políticos como son el liberal y conservador, organizaban a los aspirantes a cargos públicos, que arrastraban al resto de la población a una identificación muy fuerte con los partidos.
Entre los años 1830 y 1910 subsistió una República que podría llamarse patriarcal, con una minoría de ciudadanos de pleno derecho, compuesta por propietarios rurales, comerciantes, profesionales urbanos y, a ratos, artesanos. Los demás grupos -- campesinos, ante todo-- mantuvieron una relativa pasividad hasta comienzos del siglo XX.[8] En 1886 se trató de poner fin de manera autoritaria al desorden periódico: una Constitución centralista, con grandes poderes presidenciales, debía garantizar el orden que se requería para hacer vías de comunicación y escuelas y para que el país se enriqueciera. En vez de eso, se agudizaron las confrontaciones y el país vivió en 1900 la guerra civil más cruenta de su historia: la de los Mil Días, que desató una inflación sin antecedentes.
Es importante de este articulo los siguiente dicho por (Melo, 2005) “De esta experiencia, y de la pérdida de Panamá, salió el país escarmentado. En 1910 liberales y conservadores reformaron la Constitución para hacerla aceptable a ambos partidos. En los cuarenta años que siguieron, hasta 1948, el país vivió un período de paz, con muy breves interrupciones, y de desarrollo económico acelerado. Un orden institucional aceptado, con impuestos previsibles aunque crecientes y un sistema monetario estable, consolidado con la creación del Banco de la República en 1923, permitieron el desarrollo de la industria nacional y el auge de las exportaciones cafeteras. En el orden político, la participación popular fue ampliada: en 1910 se estableció el sufragio universal y la elección directa para la mayoría de los cargos, incluido el de presidente, y durante las décadas siguientes los partidos tuvieron que ir buscando el apoyo de sectores cada vez más amplios. Ya a fines de los treintas, la población urbana, incluyendo obreros y artesanos, se sentía sujeto político: la ciudadanía se hacía realidad, aunque no tanto en el sector rural, sujeto a gamonales y hacendados, y sobre todo analfabeta. Nuevas instituciones surgieron en este proceso: la Federación de Cafeteros y la ANDI fueron las principales organizaciones privadas, mientras en el sector público surgían la Contraloría, el Instituto de Fomento Industrial, el Instituto Nacional de Abastecimientos, el Instituto de Crédito Territorial, la Caja Agraria, y se formaba una amplia burocracia nacional, departamental y municipal.
El surgimiento de nuevas clases sociales urbanas y la emancipación gradual de los campesinos, en parte promovida por los intentos de reforma agraria de los años treinta, generaron nuevas tensiones. Las bases de dominio del viejo partido conservador parecían amenazadas con la agitación, con los ataques al dominio de hacendados y propietarios. El triunfo conservador de 1946 creó las condiciones de una cruzada para impedir el regreso liberal al poder. Las instituciones electorales, todavía débiles, no eran aún creíbles, y la violencia se convirtió en el principal mecanismo para determinar quién iba a gobernar.
Desde 1948 se interrumpió otra vez el orden institucional de base. Aunque seguían vigentes las normas del derecho civil o penal, su aplicación entró en crisis por el peso creciente de la violencia. La aceptación reverencial de la ley y del orden por amplios sectores de población empezó a debilitarse, mientras que los funcionarios públicos aprendían a utilizar con más eficiencia el Estado para su beneficio personal. Entre 1958 y 1978 el Frente Nacional enfrentó la violencia frenando la competencia política: liberales y conservadores se repartieron mecánicamente el poder, el Congreso, la justicia. La política se volvió un ritual de confirmación de dirigentes y caciques locales y nacionales, que lograban el apoyo electoral con favores, becas, puestos para algún familiar, mientras el conflicto social no encontraba canales de organización y expresión. La violencia, que parecía a punto de desaparecer, a pesar de las tensiones entre una sociedad más dinámica y unas estructuras políticas y culturales que distribuían el poder público en forma muy desigual, se reanimó a fines de los años sesenta por obra de los proyectos revolucionarios armados, y se reforzó y consolidó con el auge de la droga en la década siguiente. El desafío de las guerrillas y el narcotráfico desbordó la capacidad de las fuerzas armadas y sobre todo de la justicia, que todavía no alcanza a recuperarse de un colapso casi total: hoy, no más del 2% de los homicidios cometidos en el país se sancionan”.
Agrega también en su artículo (Melo, 2005) “Aunque las instituciones económicas siguieron funcionando, y el país vivió hasta 1996 un rápido crecimiento económico, las dificultades de los últimos cuarenta años produjeron una fiebre de creación y modificación de instituciones. Reformas constitucionales, cambios a las reglas electorales y políticas, improvisación de normas penales, falta de continuidad en los organismos y las políticas estatales.
La reforma constitucional de 1991 buscaba un reordenamiento institucional total, al fijar reglas liberales para la actividad económica, establecer sistemas eficientes de protección de los derechos ciudadanos e imponer criterios sociales para el gasto público. Los resultados no han sido satisfactorios, y con el fracaso en el control estatal de la violencia han producido en los ciudadanos una gran duda sobre la eficacia de las instituciones. La población, que antes seguía las reglas de juego por temor, convicción o inercia, con frecuencia manipula y elude la ley, cada día más variable, más sujeto a la presión de quienes no quieren obedecerla. La justicia no funciona, y las formas de venganza y justicia privada se generalizan, mientras se toleran la evasión tributaria y el contrabando. Los ciudadanos no confían en los demás, y el recurso a la violencia y a la violación de la ley parece aceptable para amplios sectores de la población”.
Y el articulo finaliza diciendo que: “Sin embargo, en medio de la crisis de la justicia y el orden público, el país se sigue transformando: cada día es más urbano, más escolarizado, menos jerárquico, más moderno en sus creencias. Algunas instituciones, públicas y privadas, funcionan bien, y en las principales ciudades los ciudadanos se emancipan del clientelismo.
La historia sigue abierta, y la revisión de la historia pasada de las principales instituciones puede servir para ver con más claridad qué es lo que ha llevado a Colombia a las dificultades actuales y quizás a pensar con mayor claridad qué puede hacerse hoy”[9]
Ahora veamos que establece la Constitución Política de Colombia 1991:
PREÁMBULO
EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
TITULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
También se definen las INSTITUCIONES POLÍTICAS: Entidades u organismos relativos al gobierno y cuya tarea es brindar y mantienen las reglas fundamentales al orden político como a la vida social.
Como también lo que es parte importante y la carta magna de cualquier País, la CONSTITUCIÓN: Que es la estructura del estado, el cómo está distribuido el estado, conjunto de normas. La constitución esta tanto para gobernados como para gobernantes, está por encima hasta de los propios encargados del estado.
La corte constitucional tiene como tarea la guarda de la constitución para gobernantes, tiene la facultad de interpretar cada una de las palabras de los artículos de la constitución.
ORDEN JERÁRQUICO DE LAS NORMAS EN CUANTO A SU VALIDEZ
En el contexto general y en el orden establecido, en cuanto al manejo de las normas y su validez tenemos:
1. La Constitución política de Colombia,
2. Las Leyes,
3. Los Decretos legislativos,
4. Los Decretos por Cada Comisión,
5. Los Decretos reglamentarios,
6. Los Decretos,
7. Las Ordenanzas,
8. Los Acuerdos,
9. Las Resoluciones y
10. Los Memorandos.
CLASES DE CORRUPCIÓN
En esta parte se hará una reseña de las definiciones, de aquellos fraudes que se cometen hacia la Política y que involucra a los funcionarios o políticos que los cometen, estos son:
• La corrupción blanca se emplea para referirse a prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por las minorías. En otras palabras, la corrupción está tan completamente integrada en una cultura que ya ni siquiera se percibe el problema. En esta visión culturalista, lo que aquí es corrupción (por ejemplo en los Estados Unidos) no lo es en otro sitio (por ejemplo en Francia).
• La corrupción negra tiene el mismo consenso, pero al revés, todos, minorías y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas prácticas.
• La opción gris: lo que unos definen como corrupción, otros no lo consideran como tal. Es en este desajuste donde hay riesgo de que aparezca el escándalo, en el choque entre las percepciones de unos y las prácticas de otros, como ha ocurrido por ejemplo en el asunto de la financiación de los partidos políticos. La opinión pública se ha conmovido por las prácticas poco ortodoxas de los partidos, mientras éstos últimos trataban de justificarse invocando las necesidades de la vida democrática[10].
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Se asume que en La auditoría Gubernamental que es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, en las instituciones del sector público. Después de finalizar la auditoria el contralor General enviará un informe al funcionario de mayor jerarquía de la institución auditada y una copia al Presidente de la República, con este tipo de auditorías que es la tradicional se han previsto que no se cometan fraudes o se han detectado indicios de que estos se estén cometiendo.
Se debe efectuar de acuerdo a las Normas Internas de Auditoria Gubernamental y disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General de la República, aplicando técnicas, métodos y procedimientos establecidos por la profesión del Contador Público. Tiene por objetivos:
• Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias.
• Determinar la racionabilidad de la información financiera.
• Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los resultados obtenidos en relación al cumplimiento de los recursos asignados y de los planes y programas aprobados de la institución examinada.
• Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública.
• Fortalecer el sistema de control interno de la institución auditada.
El ejercicio de la auditoria Gubernamental a los auditores de la Contraloría General de la República, de la Cámara de cuentas y los Contadores Públicos Autorizados.
El auditor Gubernamental es el profesional que reúne los requisitos necesarios para el ejercicio del trabajo de auditoria en las instituciones del sector público sujetas a la Normas Internas de Auditoria Gubernamental (NIAGU). La auditoría gubernamental es interna cuando es realizada directamente por la Contraloría General de la República. Es externa cuando es ejercida por la Cámara de Cuentas y por Contadores Públicos Autorizados.
“El proceso de la auditoria Gubernamental comprende las etapas de: planificación, ejecución y elaboración del informe. Se inicia con la formulación del respectivo plan y culmina con la remisión del informe al titular de la institución examinada y una copia al Presidente de la República. La elaboración y presentación del informe de auditoria o examen especial es de responsabilidad conjunta del auditor encargado y del supervisor”.[11]
Con respecto a esta tesis y definición de los que se debe hacer en la auditoria tradicional que es preventiva, cuando esta no es acogida en los informes por los parlamentarios o quienes tienen que ejercer las correcciones de lo que no está de acuerdo con la Ley o la Constitución Nacional, se debe entrar a realizar la Auditoria Forense aplicada a la Política, determinando con las evidencias y las pruebas, quienes no las cumplieron y los fraudes cometidos.
Para ello mencionemos otros fraudes, que se cometen a la Política.
CASOS DE FRAUDES:
Entre muchos otros casos que se encuentran en los diarios y que se han descubierto, y muchos otros que están sin resolver o han quedado en la impunidad por falta de investigaciones claras en especial forense y por falta de evidencias y pruebas o que se han perdido en los procesos de las cadenas de custodia, tenemos entre otros los fraudes que se cometen en la política en cualquier parte del mundo o en el País, a parte de los mencionados recientemente tenemos:
Agro Ingreso Seguro (A.I.S.) es un programa del gobierno colombiano que busca otorgar subsidios a agricultores colombianos. El programa fue diseñado e implantado por el entonces ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Se han denunciado irregularidades en la ejecución del programa relacionados con actos de corrupción y beneficios a algunos terratenientes.1 En cifras de 2009 el gobierno reportó el beneficio por medio del programa a cerca de 300 mil agricultores.
Las cifras más conocidas corresponden a las entregadas por el Distrito de Riego, publicadas inicialmente en el portal de Agro Ingreso Seguro, actualmente fuera de servicio. La lista de quienes hasta esa fecha habían conciliado incluye: Andrés Felipe Vives Prieto, Orlandesca S.A., Jorge Franco Tribin Jassir, Biofrutos S.A., C.I La Samaria S.A., Luis Miguel Vergara Díaz Granados, Guillermo Barrios del Ducca, Ecobio Colombia Ltda., Jesús Carreño Granados, Inagros S.A., Nicolas Simón Solano Tribín y Gustavo Solano Tribín.
En proceso de conciliación: Alfredo Lacouture Dangond, C.I El Roble S.A., Juan
Manuel Dávila Fernández de Soto, Juan Manuel Dávila Jimeno, Agroindustrias
JMD y CIA S.C.A., María Clara Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto, José Joaquín Riveros Páez, Palmeras del Llano S.A., Construmundo S.A, Vicala S.A., Vizu S.A., Sanvi S.C.A., Mevicala S.C.A., Sovijilla S.A., Vicalavi S.A., Banavica S.A., Vibeych S.A. e Inmobiliaria Kasuma
El escándalo de Dragacol fue un caso de corrupción que se presentó por la contratación entre entidades del gobierno colombiano y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. (Dragacol), en marzo de 1999.
En uno de los casos, el Ministerio de Transporte pagó cerca de 1.2 billones de pesos colombianos por la draga "Josefina" cuando dicha maquinaria estaba supuestamente embargada, pero en realidad estaba siendo operada para realizar otro contrato en la ciudad de Cartagena de Indias. Dragacol no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso al puerto de Buenaventura. Se descubrió también que existieron fallas en la conciliación laboral por cerca de 26 mil millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el senador Javier Cáceres Leal y llamado a indagatoria el ex ministro Mauricio Cárdenas por el senado para explicar el caso.
Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director General Marítimo de la Armada de la República de Colombia (Dimar). De los 26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los 4.000 millones de pesos.
Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable al ex ministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998
Escándalo de los falsos positivos es como se conoce a las revelaciones hechas a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.
A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.
Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.
Por dicho escándalo han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército y el comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para Octubre del 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.1 Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.
Otro de los casos de corrupción en la política es el del Proceso 8.000 (Proceso 8 mil) es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se emprendió contra el Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente que tenía ese número en la fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho en las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali; el material se encontraba inactivo, a pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al congreso habrían recibido aportes económicos de origen ilícito. A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del Presidente Samper. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.
El Proceso 8.000 tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e incluso inusitadas consecuencias a nivel internacional para el país. A nivel internacional se deterioraron las relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos, que no dudó en desertificar al país y retirar la visa al Presidente Samper y otros políticos de importancia; lo cual generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con la Unión Europea. Sin embargo las relaciones diplomáticas lograron restaurarse antes del final del mandato de Samper. A nivel nacional hubo un gran malestar general entre la población (el cual aumento ligeramente con la desertificación), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las instituciones.
Ocurrieron grandes marchas tanto a favor de Samper como en su contra pidiendo su renuncia. Causa curiosidad una excéntrica marcha que se efectuó para pedir la renuncia del Presidente Samper y de sus más cercanos colaboradores el día 28 de mayo de 1996, efectuada por varias organizaciones estudiantiles, en donde se empleó una carroza con forma de elefante (en alusión a la declaración del cardenal colombiano Pedro Rubiano cuando sostuvo que el que el presidente Samper no se hubiera dado cuenta del ingreso de grandes cantidades de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994 era como «si un elefante se mete en tu casa y no te enteras»), la cual cargaba 8.000 mogollas (un pan tradicional colombiano), como forma de burla del proceso y el juez del mismo, el Congresista Heyne Mogollón, las cuales fueron lanzadas al paso del congresista a su llegada al Capitolio Nacional.
En dicha marcha se acusaba a Mogollón de ser aliado de Samper e intentar arruinar la investigación.
Luego de atacar al congresista la marcha se enfrentó con un grupo de personas que apoyaba a Samper, quienes destruyeron parcialmente la carroza.
La parapolítica (o Para-política) es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de des-movilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.
Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al ex presidente de la República Álvaro Uribe han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,2 a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración.3 Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo.[12]
En diferentes escenarios, algunas entidades de control del Estado han hecho una revelación escalofriante: el costo estimado del fraude en Colombia es de 4,2 billones de pesos al año. Esta cifra, de ser ajustada a la realidad, implica muchas cosas: que el costo del fraude, la corrupción, la mala administración, el despilfarro, La pérdida de economías de escala y toda la gama de atentados contra la eficiencia y la transparencia de la administración pública, le cuesta el equivalente de un salario mínimo mensual a una familia típica de 5 miembros. 4,2 billones de pesos equivalen a casi 2 veces el presupuesto total de Col- deportes, 2 veces el presupuesto del Sena y 1,8 veces el presupuesto del ICBF[13].
Estas comparaciones nos permiten dimensionar el tamaño del problema que enfrentamos como sociedad, en un país como el nuestro en el que tantas necesidades se encuentran insatisfechas por falta de recursos económicos. Quisiéramos poder refrendar las cifras de los entes de control (Auditoria General de la República), pero en materia de cuantificación de un fenómeno como el del fraude y la corrupción los cálculos distan de ser confiables.
Veamos por qué. Si se tiene en cuenta que los modelos de medición se basan en los fraudes conocidos, en las denuncias presentadas, en las encuestas de percepción y en otras variables imposibles de demostrar, es preciso admitir que los cálculos sobre el fraude tienen unos márgenes de error peligrosamente altos.
Además, considerando que las cifras aportadas solo corresponden a los fraudes descubiertos y divulgados, deberá considerarse que la porción de hechos fraudulentos cometidos en contra de los intereses de la Nación y que no han sido descubiertos, podría ser eventualmente tan grande o más que la que ha podido ser identificada y medida en términos económicos.
Otros dos factores deberían ser tenidos en cuenta: la "corrupción transparente", que consiste en hacerle trampa a la enmarañada fronda burocrática y procedimental, haciendo aparecer como si los pasos que se dan dentro de un proceso de contratación están en regla y, en consecuencia, que las adjudicaciones de contratos públicos se ciñen a la normativa vigente. En realidad, son muchas las oportunidades que existen para maquillar información o documentos en un proceso licitatorio, los cuales solo de vez en cuando son descubiertos de manera oportuna por los entes encargados de la vigilancia administrativa.
Lamentablemente nuestro sistema de control posterior no permite la detección temprana de este tipo de eventos, lo que seguramente mejoraría la capacidad de reacción para corregir situaciones de fraude.
El otro factor es el costo social del fraude. Cuántas horas laborales perdidas, cuánto se desmejora la calidad de vida de los miembros de una sociedad sometida al saqueo sistemático de sus recursos? ¿Cuánto más le cuesta al país conseguir empréstitos de la banca multilateral, debido a la calificación de riesgo de corrupción?
Por último, no debemos olvidar que para bailar un tango se necesitan dos. Aquellos que desde el sector privado alzan escandalizados sus voces para condenar al sistema por corrupto, deberían tener en cuenta que resulta muy difícil para un funcionario público cometer un fraude, si no cuenta con una contraparte en el sector privado que le falsifique la oferta, le facilite el presupuesto o Simplemente le pague comisiones al empleado estatal ávido mide dinero. La responsabilidad de este fenómeno es compartida[14].
CIFRAS DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN
Cifras del fraude y la corrupción – Propiedades. De nuevo se agitan escándalos que vinculan a empresas de países europeos, acusadas de realizar prácticas corruptas.
Cuando se logra penetrar en la densa niebla que impide ver con claridad, resulta evidente que este tipo de actuaciones se presentan, se han presentado y muy probablemente se seguirán presentando en el mundo de los grandes negocios.
En primer lugar, porque no existe el adecuado tono moral entre quienes contratan. La perspectiva de hacerse con una enorme cantidad de dinero, cuidadosamente ubicada y disimulada en el extranjero por el mismo oferente, resulta irresistible para los que aprueban las grandes compras. Por otro lado, el pago del soborno otorga un ilimitado poder sobre el sobornado, ya que al primero ni lo cobijan ni le importan las leyes locales contra la corrupción. Además, siendo una práctica comercial normal en sus países de origen, ni siquiera consideran estar haciendo algo indebido.
Otro aspecto igual o más preocupante es que el sobornado no podrá exigir calidad ni cumplimiento en relación con el objeto del contrato, ya que por haber recibido el soborno queda automáticamente impedido para cuestionar. En un caso hecho público hace dos años, en relación con una empresa europea acusada de más de 4.000 casos de sobornos, el juez que conoció la causa en Estados Unidos anotaba que dichas empresas recurrían al soborno como práctica normal de negocios, ante su incapacidad de competir con otras empresas. En otras palabras, resulta más barato sobornar que invertir en investigar y desarrollar nuevos productos para mantener la competitividad.
En el caso concreto de esta semana, las empresas acusadas han esgrimido una patética defensa al manifestar que desde hace 10 años el gobierno de su país proscribió tales prácticas corruptoras y que en consecuencia ya no se están utilizando. Si ello fuese así, entonces bastaría legislar contra el secuestro y contra el narcotráfico para acabar con dichos delitos. Además, dicha respuesta es una maniobra de distracción para dejar sin resolver la inquietud planteada.
Hemos asistido impotentes al triste espectáculo de ver cómo las peticiones de extradición de empresarios y comerciantes de países desarrollados, para que respondan por delitos de corrupción contra las economías de las naciones del tercer mundo, nunca son resueltas a favor de los peticionarios. Al parecer este no es el camino. Se requiere entonces una política que resalte la dignidad nacional como valor superior al valor monetario de los negocios. Se requieren dirigentes que hablen menos de comercio y más de principios. Corrupción en Colombia ensucia cada vez más manos.
De acuerdo a planteado anteriormente, se da un ejemplo de cómo se manejaría una Auditoria Forense Aplicada a la Política, con el caso reciente y aun vigente en “investigación”, en manos de la Fiscalía y la Justicia.
CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN
PLANTEAMIENTO
Cronología del 'Carrusel de contratación' en Bogotá El escándalo sobre el llamado ‘Carrusel de la Contratación’ estalló el 25 de junio del año pasado, cuando Caracol Radio reveló en exclusiva una grabación que involucraba al Contralor de Bogotá con la presunta negociación de comisiones con contratistas. En ella se escucha la conversación que sostiene el ex congresista
Germán Olano, del Partido Liberal, con Miguel Nule, uno de los empresarios que para aquel entonces manejaba gran parte de la contratación en la ciudad.
A los pocos días, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia anunciaron investigaciones para establecer la responsabilidad del Contralor Miguel Ángel Moralesrussi y del ex congresista Germán Olano en la presunta negociación de comisiones con contratistas. El contralor negó cualquier relación con la petición de dineros y denunció que estaban utilizando su nombre.
Sin embargo, el polémico empresario Miguel Nule, aseguró que tanto el contralor Moralesrussi como el senador Iván Moreno estaban exigiendo el 6 por ciento de comisiones sobre los contratos. El escándalo creció luego de las denuncias de una comisión del Polo Democrático, liderada por el ex candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y la presunta participación del senador Iván Moreno, hermano del alcalde Samuel Moreno Rojas.
TRABAJO DE CAMPO
El 21 de octubre del año 2010, el senador Moreno, le salió al paso a las acusaciones en su contra rechazándolas. Lo propio hizo al día siguiente, el 22 de octubre, el alcalde Samuel Moreno en un discurso ante los medios de comunicación. El mandatario se declaró cansado de “chismes y rumores” y atribuyó las denuncias sobre contratación a una campaña de desprestigio contra él y su familia.
El 22 de octubre se abre investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, contra Iván Moreno. Entre tanto, días después el periodista Daniel Coronel, reveló que Iván Moreno tendría cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, famosas por ser el mayor ‘paraíso’ fiscal del Caribe.
Iniciando el mes de noviembre, Miguel Nule declaró desde los Estados Unidos ante una comisión de la Procuraduría, La Fiscalía y la Contraloría que investigan el carrusel en Bogotá. Entre tanto la Procuraduría abría pliego de cargos contra 18 funcionarios y ex funcionarios del IDU por estos hechos, entre ellos Liliana Pardo, ex directora de la entidad.
El 21 de diciembre, la Contraloría embarga bienes de los alcaldes Samuel Moreno y Luis Eduardo Garzón por el contrato de la calle 26 adjudicado al grupo Nule.
El 21 de enero del año 2011, respondió en interrogatorio el contralor Miguel Ángel Moralesrussi, el mismo al que se refieren Miguel Nule y Germán Olano como destinatario de una comisión en relación con la fase 3 de TransMilenio.
El 27 de enero, ante la sala penal de la Corte Suprema, declaró el ex senador Gustavo Petro, a raíz de la investigación contra el senador Iván Moreno por el escándalo de la contratación. Petro ha sido uno de los más fuertes denunciantes de las presuntas irregularidades.
El 30 de enero la Procuraduría formula pliego de cargos contra el contralor Moralesrussi y el representante Germán Olano.
El 7 de febrero, en la audiencia en la procuraduría donde se juzga a Moralesrussi y a Germán Olano, el jefe del Ministerio Público validó la grabación de una conversación entre Miguel Nule y Germán Olano, donde se habla de supuestos pagos al contralor de Bogotá y pidió que se les dé la categoría de víctimas a los Nule.
En el juicio disciplinario contra el contralor Moralesrussi y el congresista Germán Olano, declaró el ex representante de las empresas del grupo Nule, Mauricio Galofre, quien reveló que oyó al abogado Álvaro Dávila hablar de comisiones que serían repartidas al contralor, al alcalde Moreno y a su hermano Iván.
El 17 de febrero, la Fiscalía anunció que les imputará cargos por seis delitos al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, a la ex directora del IDU, Liliana Pardo, y al ex representante Germán Olano, entre otros.
Según la fiscal general, Viviane Morales los delitos son contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.
Las irregularidades van en 2.2 billones de pesos. La Fiscalía revelo cifras de carrusel de contratos. El descalabro por la contratación irregular en Bogotá supera los 2 billones de pesos. Así lo revelo la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos al destituido ex contralor Miguel Ángel Moralesrussi, a la ex directora del IDU Liliana Pardo y a su ex director técnico Inocencio Meléndez.
Ante la jueza séptima de garantías, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, aseguro que Inocencio Meléndez presuntamente les habría pedido a los Nule bienes valorados en 4.500 millones de pesos, a nombre de él y de la ex directora del IDU Liliana Pardo[15]
DIAGNOSTICO
Para marzo 30 de 2011, las penas que tendrían que pagar Moralesrussi, Pardo y Meléndez Concusión porque en calidad de servidor público le habría exigido dinero a particulares en este caso a los Nule para darles un trato favorable en los contratos adjudicados por el distrito.
Prevaricato por omisión por omitir actos y decisiones estando obligado a hacerlo Contrato sin cumplimiento. La fiscalía la encuentra responsable de haber celebrado y adjudicado contratos sin los requisitos establecidos por la ley, no hay que olvidar que muchos de los contratos de la fase tres de TM se adjudicaron sin estar listos los diseños y los predios.
Peculado por que con sus decisiones permitió que un tercero dispusiera de recursos de la nación. Inocencio Meléndez era la mano derecha de Liliana Pardo en los temas jurídicos. Según el fiscal Germán Pavón Gómez aseguro tener una grabación en donde se aseguraría que Meléndez habría recibido de los Nule un carro, un apartamento, 250 millones en efectivo y otros bienes que en total sumarian $ 450.000.000.oo.
RESUMEN
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han reconocido que una de las mayores vías para el apoderamiento de los recursos oficiales es la contratación pública. A través de esta, funcionarios y particulares han logrado importantes dividendos del erario con variadas formas que van desde la intervención fraudulenta en la selección de los contratistas, pasando por sobrecostos, adulteración de los contratos y hasta la simulación total de estos.
La existencia de este “modus vivendi” ha estado muy cercana a las elites del poder, que en forma aislada o de consuno ponen en funcionamiento el andamiaje de la administración para lograr grandes dividendos en la gestión de los recursos del Estado.
Aunque la autonomía de las ramas del poder público, que garantiza la existencia del régimen democrático y del Estado de Derecho, pareciera 2que hace inviable los pactos para sacar provecho personal a esas dignidades, el caso en estudio demuestra todo lo contrario, pues las ganancias obtenidas por importantes miembros del parlamento y más de un centenar de contratistas no habrían sido posibles sin la concertación con altos funcionarios del Gobierno, que autorizaron la adición extraordinaria al presupuesto del Congreso.
CONCLUSIÓN
Con el tiempo la política se volvió un ritual de confirmación de dirigentes y caciques locales y nacionales, que lograban el apoyo electoral con favores, becas, puestos para algún familiar, entre muchos otros favores, mientras el conflicto social no encuentra canales de organización y expresión, por lo tanto la Auditoria Forense puede ayudar a realizar las investigaciones forense, por los fraudes cometidos por ellos, determinando las evidencias y las pruebas necesarias, para la Administraciòn de Justicia.
Es necesario tener un control efectivo de la corrupción que implica abordar todos sus protagonistas y actores. Por esta razón, es tan importante que en las herramientas que el Estado implementa para enfrentar el fenómeno. no se deje atrás el rol del particular o de la empresa privada, que en pocos casos lidera la iniciativa de los actos de corrupción. Y aunque desde el punto de vista de la responsabilidad el reproche puede considerar menos lesiva la actitud del particular, lo cierto es que pocos casos de corrupción pública se realizan sin que los intereses privados estén de por medio, o que estos también participen de esa corrupción.
Es importante que las instituciones de justicia obren con el mismo rigor que se ejerce con los particulares, para que esa desigualdad en el tratamiento institucional contra la corrupción no termine convalidando la iniciativa de las organizaciones empresariales del sector privado en la venta de la función pública.
Es necesario tomar conciencia del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos para el sector Político y para los políticos actores del buen desempeño de sus funciones Públicas, donde con las investigaciones que realiza el Auditor Forense quien actúa como perito auxiliar de la justicia, determine quiénes son los delincuentes de cuello blanco en la política, con las suficientes evidencias y pruebas para enjuiciar a los defraudadores del Estado y quienes delinquen en contra de la sociedad, donde se pueda valorar los daños desde lo cuantitativo y cualitativo de los delitos cometidos.
BIBLIOGRAFIA
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.- Constitución Nacional de 1991.
[3] Ibídem
[4] wikipedia.org/wiki/Política
[5] www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gloecopro.htm
[6] Steven Levitsky, Lucan A. Way y Traducción de Darío López López
[7]
[8] Melo González Jorge Orlando, Revista Credencial
[9] Melo González Jorge Orlando, Revista Credencial
[10] http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
[11] Contraloría General de la
[12] Algunas de las cifras del fraude y la corrupción publicadas por Alejandro Morales Tobón | Publicado el 27 de marzo de 2010
[13] Ibídem
[14] Ibídem
[15] Tomado del Diario ADN del jueves 24 de marzo del 2011
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